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Mucho antes de 1990, la seguridad privada de La Florida estuvo encomendada directamente por los propietarios a un pequeño grupo de empleados que integraban lo que se denominó "Guardería", las calles eran de DOMINIO PÚBLICO Y USO PRIVADO, ya que las mismas NO HABÍAN SIDO OBJETO DE RECEPCIÓN DEFINITIVA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
En 1990 se suscribió ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA, pero la JUNTA RECTORA DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS ocultó este hecho, y es más, colocó carteles en las entradas de la Urbanización advirtiendo de su titularidad privada, carteles que aún se pueden ver, mayor terquedad resulta difícil de concebir.
Por Resolución de 2 de noviembre de 1995 y al amparo del art. 13 de la Ley 23/92 de 30 de Junio de Seguridad Privada, se otorgó autorización para establecer un servicio de seguridad privada en La Florida, al haber dado credibilidad a los particulares recogidos en la solicitud, falsos a todas luces.
Esta Autorización quedó CONDICIONADA a que la Urbanización NO FUERA CONTINUIDAD DE OTRAS Y QUE LAS CALLES NO HUBIERAN SIDO RECEPCIONADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID conforme a los requisitos de la propia Ley y el Reglamento que la desarrolla, quizás porque al momento de dictarse, ya había conciencia en el otorgante de que dicha solicitud NO SE AJUSTABA A DERECHO, pues las calles desde 1990 ya NO ERAN PRIVADAS y la Urbanización JAMÁS HABÍA SIDO UN NÚCLEO AISLADO. Así, se ha venido prestando este servicio en fraude de la Ley durante 22 años.
Con independencia de su absoluta INEFICACIA, no siendo más que mera ilusión de tener seguridad, pues siempre que ha habido algún incidente serio en la Urbanización, ha resultado totalmente inútil, cual es el caso del reciente ATRACO sufrido por el Restaurante GAZTELUBIDE el pasado mes de junio del 2012 a escasos 50 metros de la caseta de VIGILANCIA de Virgen de Begoña y que incluso habiendo sido avisada la caseta de GOBELAS los vigilantes se cruzaron con los delincuentes sin efectuar maniobra alguna tendente a su detención.
Sorprendente resulta pues, aunque no incomprensible, que la Junta Rectora se haya cuidado muy mucho de no informar al resto de los vecinos del ATRACO SUFRIDO ni de tan MAGNIFICO DESENLACE, máxime cuando continuamente se nos informa de la multitud de robos y hurtos sin localizar ni definir, que se producen en nuestra Urbanización, habiendo llegado incluso a afirmar QUE LOS DELINCUENTES ENTRAN NADA MENOS QUE POR LA VALLA MEDIANERA DEL PARDO, más o menos que, casi es una obligación moral prestar seguridad a la INSTITUCIÓN, pues en su delirio, dicha Institución debe de tener unos servicios de seguridad en absoluto estado de precario.
Resumiendo, que el servicio de seguridad, sólo ha servido para buscar algún perrito extraviado, recoger delegaciones de voto para las juntas, quitarle el micrófono a algún propietario cuya intervención no interesaba a la Junta Rectora de turno o tratar de impedirle la realización de la acometida de algún servicio básico y particulares de este estilo, y todo ello al módico precio de 1.000.000 €/año.
En definitiva, que más que un servicio de seguridad AL SERVICIO DE TODOS LOS VECINOS, actúa a modo de policía privada de la Presidenta/Alcaldesa, y más, por el lógico temor de cualquier guarda de ser despedido a instancia de la Presidenta, incluso a cambiar la Empresa de Seguridad a su capricho, ello, con independencia de que la dicha Empresa de Seguridad, pertenezca o haya pertenecido, a una familia de La Florida y que un hermano de la Presidenta haya ostentado cargos en la misma.
Como no podía ser de otro modo, y con el fin de que se restablezca la LEGALIDAD Y EVITAR IMPORTANTES SANCIONES, un grupo de propietarios, los mismos que vienen impugnando judicialmente los disparatados y oscuros presupuestos, ha conseguido que el 11 de febrero del 2013 LA DELEGADA DEL GOBIERNO EN MADRID, REVOQUE LA AUTORIZACIÓN CONCEDIDA Y CONDICIONADA EN 1995, por NO CUMPLIR LOS REQUISITOS ESENCIALES establecidos tanto en la Ley y su Reglamento, como en EL PROPIO PERMISO CONCEDIDO y que eran y son: Que se trate de Urbanización aislada sin continuidad con otros núcleos de población, y que no se efectúe en CALLES PÚBLICAS.
Este grupo de vecinos, que conforman la Asociación, DESEA QUE HAYA SEGURIDAD EN LA FLORIDA, sin embargo la Junta Rectora, cuya Presidenta Maricruz S. B., que de seguir así las cosas, no tendremos más remedio que dedicar una página, tanto a ella como a su eximia familia, a los solos efectos y con extricto "animus retorquendi", de forma tendencialmente maliciosa y difamatoria, da publicidad de los nombres de las personas, que según su criterio, no quieren seguridad en La Florida.
NADA MÁS LEJOS DE LA REALIDAD, lo que NO QUEREMOS ES QUE SEA ILEGAL, NADA EFECTIVA Y SUMAMENTE CARA, con un coste de casi TRES VECES lo que otras empresas nos han ofertado.
La Junta Rectora, en todo caso, lo que debería haber hecho, si realmente quiere la seguridad de todos los vecinos, es empezar por reclamar la presencia regular de Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en lugar de estar permanentemente preocupada POR DIFUNDIR ALARMISMO E INFUNDIR MIEDO, para así de este modo, mantener un servicio de seguridad ILEGAL, INEFICAZ Y SUMAMENTE CARO.
QUEREMOS SEGURIDAD LEGAL, EFECTIVA, VOLUNTARIA Y PAGADA INDIVIDUALMENTE, que vigile las casas y sus familias y no, QUE ESTÉ A LOS INTERESES PARTICULARES DE LA JUNTA RECTORA, NI MUCHO MENOS AL CAPRICHO O ARBITRARIEDAD DE LA PRESIDENTA DE TURNO como ya ha sucedido.
ULTIMA HORA
Con fecha 11 de febrero del 2013, la Delegada del Gobierno en Madrid, Dña. Cristina Cifuentes Cuencas, como no podía ser de otro modo y desde el más absoluto respeto a la legalidad vigente, ha resuelto REVOCAR LA AUTORIZACIÓN para la prestación de un servicio de seguridad privada en la Urbanización La Florida de Madrid.
A pesar de ello, a fecha 16 de febrero del 2014 sigue prestándose dicho servicio en VIAS PÚBLICAS por la empresa de seguridad UMANO-SEGURIBER, amenazando además, la Presidenta de la Comunidad de Propietarios, a los miembros de esta Asociación de Vecinos con acciones civiles o penales por considerar que los acuerdos tomados por "la mayoría de los vecinos", está por encima de las Resoluciones de la Delegada del Gobierno y la legalidad vigente.
Conveniente resulta aclarar, que "la mayoría de los vecinos" no son más de 40 presentes y otros 30/40 supuestos representados de los 303 que componen la urbanización.
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